La diputada Rocío Vallejo confirmó que han preparado un borrador de reglamentación del proceso de pérdida de investidura de parlamentarios, ya que al derogarse la “ley de autoblindaje” quedaron sin un proceso formal que seguir.

La propuesta legislativa establece que una vez recibido el pedido de pérdida de investidura, se deberá correr traslado al diputado en cuestión con los documentos que sean presentados, fijándose posteriormente una sesión extraordinaria a fin de que el mismo ejerza su defensa, luego se pasará a la deliberación y votación nominal.

Según explicó la diputada de Patria Querida, este proyecto será puesto a consideración de sus demás colegas, aunque confirmó que ya lo estuvieron analizando previamente entre algunos sectores del tercer espacio en la Cámara Baja.

“En el transcurso de esta mañana vamos a tomar una decisión, esto no podemos dilatarlo más, vamos a consensuar esto y presentarlo el miércoles en la sesión plenaria para que se apruebe”, manifestó.

Vallejo recordó que en los últimos casos donde hubo una solicitud de pérdida de investidura, incluyendo el de José María Ibáñez, fue el diputado el que ejercía su propia defensa, motivo por el cual no considera necesario que sea un abogado el que se tome tal atribución. “No es un proceso penal, es un proceso político”, acotó.

Una vez presentado el pedido de pérdida de investidura en la Cámara de Diputados y realizada la notificación correspondiente al diputado afectado, se establecerá un plazo mínimo de 3 días hábiles para fijar la sesión extraordinaria y tratar el tema.

El pasado 3 de septiembre, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el decreto que deroga la ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura. De esta manera, solo se requiere de mayoría simple en ambas cámaras (41 votos en Diputados y 23 votos en Senadores) para destituir a un senador o diputado.

El pedido fue rechazado porque, según el juez uruguayo Óscar Suárez, los hechos por los que acusan a Peirano ocurrieron entre marzo de 2001 y junio de 2002, lo que significa que ya prescribieron.

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El exbanquero de 74 años ya venía cumpliendo medidas no privativas por un proceso penal en Uruguay iniciado hace más de dos décadas, por lo que otro de los argumentos es que no podrá concretarse su extradición mientras tenga una causa abierta en ese país.

Es requerido en Paraguay por la quiebra del Banco Alemán y el desvío de fondos de ahorristas del Fondo Mutuo Banalemán. La debacle del Banco Alemán en 2002 dejó sin fondos a conocidos políticos, funcionarios y empresarios vinculados al entonces gobierno paraguayo.

Las acusaciones en su contra son por delitos de lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y promoción fraudulenta de inversiones. Su hermano, José Peirano, ya fue extraditado por la misma causa.

El exbanquero era la cabeza del grupo Velox, que agrupaba a los bancos Velox (Argentina), Alemán (Paraguay), Montevideo (Uruguay) y Trade and Commerce Bank (Islas Caimán). El conglomerado, que además participaba en la cadena de supermercados Santa Isabel en Chile, se derrumbó con la crisis financiera argentina de 2001.

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En ese sentido, la Planta Asfáltica de Cerro Verde lidera la intervención, llevándola a cabo de manera segmentada para reducir las molestias a los usuarios que utilizan el Puente Remanso, que se trata de uno de los dos enlaces más importantes entre las regiones Oriental y Occidental del país.

En primer lugar, se está procediendo a la regularización de la calzada que conecta Villa Hayes con Mariano Roque Alonso. Posteriormente, se procederá a trabajar en el carril opuesto, todo ello con el objetivo de causar la menor interrupción posible al tráfico.

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Desde el MOPC indicaron que estas acciones representan una pieza fundamental dentro de un ambicioso plan integral trazado, el cual tiene como objetivo primordial garantizar la seguridad y la eficacia del tráfico en una de las arterias viales más concurridas y relevantes de nuestra región.

En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Del agente penitenciario” que contaba con el dictamen de las Comisiones asesoras.

Durante el tratamiento, la senadora Lilian Samaniego, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, dijo que la intención es definir la política penitenciaria, la infraestructura y la tecnología de control de las cárceles.

En ese sentido, señaló que la situación de los agentes penitenciarios es precaria y ahí la importancia de aprobar el proyecto. Resaltó que la ley humanizará la carrera.

Por la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, el senador Derlis Maidana, intervino para argumentar el dictamen de aprobación con modificaciones.

Al respecto, recalcó que el proyecto tiene por objetivo establecer los procedimientos para la implementación de la carrera profesional y técnica del agente penitenciario, así como el procedimiento de reclutamiento, selección, incorporación, evaluación de desempeño, capacitación, promoción, movilidad y retiro.